Centros son más peligrosos por detenidos que deben pensión

José Mairena, representante de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) en la Policía Penitenciaria, advierte sobre un aumento en la peligrosidad de los centros de atención destinados a personas que no cumplen con el pago de pensiones alimentarias. Según Mairena, esta peligrosidad se deriva de la llegada de individuos que utilizan la figura de apremio corporal para evadir causas penales, eludir bandas criminales e incluso como refugio para lidiar con problemas de adicción.

La situación se agrava con la sobreocupación de estos centros, donde un personal limitado debe atender a una población cada vez mayor, llegando a albergar hasta 300 personas en un solo centro. Esta sobrepoblación no solo ejerce presión adicional sobre el personal de seguridad, sino que también genera gastos innecesarios al mantener a personas que no deberían estar allí, ocupando espacio que podría ser destinado a aquellos que sí cumplen con la figura de apremiado corporal.

El problema radica en la falta de distinción entre aquellos que tienen causas legales pendientes y aquellos que son detenidos por no pagar pensiones alimentarias. Aunque la Policía Penitenciaria reconoce a los individuos con causas pendientes, no pueden moverlos a otro sector hasta que se cumpla el plazo del apremio corporal, que puede extenderse hasta seis meses.

Para abordar esta situación, Mairena sugiere una reforma integral desde el Poder Judicial, que permita separar a aquellos con causas legales pendientes de los que están detenidos por apremio corporal. Esta reforma también podría implicar la creación de unidades diferentes para albergar a estas dos categorías de detenidos, lo que ayudaría a reducir la peligrosidad y mejorar las condiciones de seguridad en los centros de atención.