Avanza plan para extraditar costarricenses

La Asamblea Legislativa de Costa Rica ha dado un paso importante en la reforma constitucional que permitiría la extradición de ciudadanos costarricenses involucrados en delitos graves como el narcotráfico y el terrorismo. Esta medida busca fortalecer la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado.

Detalles de la Reforma El Congreso aprobó la primera de cinco votaciones necesarias para modificar el artículo 32 de la Constitución Política, a través del expediente 23.701. Esta reforma habilitaría la deportación de costarricenses por casos específicos de tráfico internacional de drogas o terrorismo.

Proceso Legislativo La aprobación inicial del proyecto se logró tras una serie de audiencias con juristas tanto locales como internacionales, destacando la importancia de esta reforma para la seguridad nacional. Según la diputada Paulina Ramírez del Partido Liberación Nacional (PLN), "hemos tenido muchísimos casos y solicitudes de extradiciones que no se han podido ejecutar debido a restricciones constitucionales."

Desarrollos Futuros A pesar del progreso, el camino hacia la reforma completa será meticuloso y reposado. El proceso continuará con tres debates adicionales durante este año, seguido de una consulta obligatoria a la Sala Constitucional para verificar posibles vicios de inconstitucionalidad. Posteriormente, el proyecto requiere dos votaciones más. Si supera estos filtros, se incorporará definitivamente a la Constitución.

Debate sobre la Amplitud de la Reforma Los legisladores decidieron no expandir la lista de delitos sujetos a extradición más allá del narcotráfico y el terrorismo, rechazando una propuesta de la Procuraduría General de la República que sugería incluir delitos bajo el Estatuto de Roma, como genocidio y crímenes de guerra. Esta decisión se basó en un informe del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, que calificó la expansión propuesta como “inconexa”.

Implicaciones Esta reforma subraya un esfuerzo serio por parte de Costa Rica para alinearse con estándares internacionales en la lucha contra el crimen organizado, mejorando su capacidad para cooperar con otros países en materia de justicia penal.