ERP-SAP provoca suspensión de pagos a 40 mil personas y desabastecimiento en farmacias

El contrato del sistema informático ERP-SAP de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) superó el límite legal de aumento presupuestario establecido por la Ley General de Contratación Pública. El monto original era de $15.545.597, pero con tres adendas se elevó a $18.826.642, un incremento del 21,11%, cuando el límite legal es del 20%. La Auditoría Interna determinó que no se presentaron justificaciones técnicas ni documentales que acreditaran una situación excepcional que permitiera dicho aumento. Las tres adendas fueron por conceptos de licencias, cambio de fecha de implementación y soporte adicional, con porcentajes acumulados que excedieron el límite legal.

La salida en vivo del sistema, realizada el 2 de junio, provocó múltiples fallas operativas y financieras en la institución. Se suspendieron pagos de subsidios por incapacidad, licencias y gastos fúnebres, afectando a más de 40 mil personas. La Auditoría alertó sobre un colapso generalizado que pone en riesgo la continuidad de los servicios, incluyendo desabastecimientos de medicamentos, atraso en insumos médicos, más de 1.500 facturas pendientes por $22 millones, y una fuerte dependencia de procesos manuales. También se presentaron retrasos en pagos a funcionarios y proveedores, inconsistencias contables y crisis en el sistema farmacéutico.

El 12 de junio, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) denunció ante la Fiscalía de Probidad y la Contraloría General de la República un presunto delito de influencia indebida contra la Hacienda Pública. Se reportaron problemas como duplicación de datos, asignación errónea de claves y fallas en la migración de información desde los sistemas antiguos. El Sindicato Nacional de Enfermería y Afines (Sinae Afines) presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra la presidenta ejecutiva de la CCSS, Mónica Taylor, y la Junta Directiva, alegando que la implementación irregular del sistema compromete la continuidad de los servicios esenciales de salud y pone en riesgo la vida de los asegurados.

El 26 de junio, la Auditoría informó que 88 farmacias reportaban problemas operativos, de las cuales más de 60 advertían riesgo de desabastecimiento. A esa fecha, la CCSS acumulaba una deuda con proveedores de $71.7 millones, cifra que se disparó desde los $13 millones registrados el 6 de junio. Para el 9 de junio ya se debían $24 millones. Además, había 217 mil boletas físicas de incapacidad sin procesar. Las fallas provocaron que funcionarios dejaran de laborar, causando incluso la cancelación de cirugías. La diputada Rocío Alfaro también denunció penalmente la implementación ante el Ministerio Público.