Fiscalía Anticorrupción indaga si hubo delitos de funcionarios por presuntos ofrecimientos para denunciar al director del OIJ

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) analiza si se cometieron delitos contra los deberes de la función pública en el caso relacionado con supuestos ofrecimientos de beneficios a una joven para que denunciara por delitos sexuales a Randall Zúñiga López, actual director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). El Ministerio Público confirmó que ese aspecto forma parte de las diligencias en curso, aunque la causa continúa “contra ignorado” debido a que aún no se identifica plenamente a quienes habrían participado en las presuntas irregularidades. Según la Fiscalía, los tipos penales exactos se definirán conforme avancen las investigaciones, las cuales se tramitan en etapa preparatoria bajo el expediente 25-000971-0359-PE, etapa que es privada según lo establece el Código Procesal Penal. La indagatoria inició luego de que una mujer denunciara que dos funcionarias del Instituto Nacional de la Mujer (Inamu) llegaron hasta su casa para pedirle que firmara un documento previamente redactado con afirmaciones que señalaban a Zúñiga por delitos sexuales. La joven aseguró que no existían hechos de esa naturaleza de su parte y que se negó a firmar, pese a que, según dijo, le ofrecieron apoyo económico, ayuda para conseguir vivienda y cubrir sus estudios universitarios si aceptaba denunciar. El fiscal general, Carlo Díaz, expresó que trabajan para determinar si alguna funcionaria pública utilizó su cargo para presionar a la denunciante. Aún no se han establecido responsabilidades individuales. La mujer también manifestó que la información que debía ser confidencial terminó expuesta en un reportaje televisivo. Consultado por la prensa, el Inamu no ha respondido a las solicitudes de información enviadas hace seis días, por lo que todavía no se conocen las versiones de las funcionarias señaladas. En paralelo a esta causa, Zúñiga enfrenta otra investigación por presunta comisión de delitos sexuales tras denuncias de tres mujeres más, proceso dirigido por la Fiscalía Adjunta de Género. Como parte de esas diligencias, su casa y oficina fueron allanadas el 31 de octubre y el funcionario se mantiene suspendido por dos semanas mientras avanza la investigación.