Funcionaria investigada por vínculos con narcotráfico fue reubicada en Aviación Civil

La encargada de la Capitanía de Puerto de Golfito, de apellidos Salazar Mena, quien es investigada por presuntos delitos de incumplimiento de deberes, abuso de autoridad, cohecho propio y peculado de uso, ahora ocupa un alto cargo en la Dirección General de Aviación Civil (DGAC). La investigación, a cargo de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), se relaciona con denuncias sobre una posible infiltración del narcotráfico en esa dependencia del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). Salazar fue separada de su cargo en abril de 2024 y trasladada a la DGAC, donde actualmente figura como encargada de planificación aeroportuaria en el proceso de infraestructura aeronáutica. La información fue confirmada por la oficina de prensa del MOPT, que detalló que la funcionaria ocupa interinamente un puesto de Profesional Jefe en la especialidad de Arquitectura, cuyo propietario es el alcalde de Golfito, Freiner William Lara Blanco. La Fiscalía indicó  que la causa continúa activa bajo el expediente 24-000001-1956-PE, sin medidas cautelares vigentes, pues se aplicaron medidas administrativas. La investigación se originó tras los allanamientos realizados en abril de 2024 en la Capitanía de Golfito, donde se denunciaron graves irregularidades, entre ellas la presunta destrucción de expedientes, la emisión de certificados de navegabilidad “sin inspección alguna” y la entrega de zarpes en blanco a embarcaciones ligadas al narcotráfico. Según el expediente, Salazar habría favorecido a personas vinculadas con actividades ilícitas y hasta ordenado la quema de documentos de una embarcación detenida con cocaína. Las pesquisas mencionan específicamente el caso de la nave Mujer Gitana, interceptada en setiembre de 2022 con 640 kilos de cocaína y siete tripulantes detenidos. El reporte judicial señala que, tras asumir la Capitanía, la funcionaria habría mantenido vínculos con miembros de ese gremio y destruido pruebas clave. Aunque ya no labora en la zona marítima, su ascenso temporal en Aviación Civil genera cuestionamientos sobre los criterios de reubicación de funcionarios bajo investigación penal.