Juristas critican reforma penal de la Corte: “es un parche defectuoso que vulnera derechos”

La propuesta de la Corte Suprema de Justicia para agilizar el sistema penal costarricense enfrenta fuertes críticas por parte de reconocidos abogados, quienes advierten que la iniciativa, lejos de resolver la mora judicial, afectará garantías fundamentales de los imputados. Francisco Dall'Anese, Ewald Acuña y Rodolfo Brenes coinciden en que el proyecto —actualmente en la Asamblea Legislativa bajo el expediente 24.913— es un intento desesperado que no ataca el verdadero problema del retraso judicial. Entre los cambios más cuestionados figura la posibilidad de que delitos con penas de hasta 10 años sean juzgados por un solo juez, en lugar de un tribunal colegiado, lo que para Brenes “reduce el margen de análisis y aumenta el riesgo de errores”. Acuña coincide: “Una pena de más de cinco años requiere una deliberación más robusta”. Dall'Anese advierte que aunque los recursos de apelación seguirán vigentes, “el problema se trasladará a las salas superiores, igual que una presa se mueve al siguiente semáforo si solo se elimina el primero”. Otro punto polémico es la obligatoriedad de asistir a la audiencia preliminar, donde si un imputado se ausenta podría ser declarado en rebeldía, y si su abogado tiene conflictos de agenda, deberá ser sustituido en un máximo de cinco días. “Esto es una barbaridad”, expresó Brenes, al señalar que la reforma atenta contra el derecho humano de tener un abogado de confianza. Dall'Anese advirtió que también impactará el derecho al trabajo de los abogados y podría generar demandas civiles contra el Estado. Los expertos señalan que el problema real está en la etapa preparatoria del proceso penal y proponen soluciones más estructurales: una agenda judicial única y computarizada que considere la disponibilidad de jueces y abogados, un impulso al programa de Justicia Restaurativa, un mejor filtro de denuncias en el Ministerio Público, y reformar el sistema contravencional para hacerlo más efectivo. También se sugiere establecer apelaciones contra resoluciones que abren juicio, a fin de proteger derechos procesales. Para Dall'Anese, lo presentado por la Corte no fue suficientemente meditado, y podría terminar siendo declarado inconstitucional, incluso por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.