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“La Ley de Usura vino a crear escasez”

  • CARC
  • May 29, 2024
  • 2 min read


El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, criticó la Ley de Usura durante la presentación del Plan Nacional para combatir los préstamos gota a gota el 28 de mayo de 2024. Chaves argumentó que la ley, que limita las tasas de interés que pueden cobrar los bancos y otras instituciones financieras, ha provocado exclusión financiera, empujando a muchas personas hacia prestamistas informales que operan bajo esquemas de préstamos gota a gota.


Chaves señaló que definir la usura es complejo, ya que cada cliente tiene un perfil de riesgo diferente, y en un mundo ideal, cada crédito debería tener una tasa distinta. En su opinión, la ley de usura ha creado escasez en el mercado financiero al eliminar la capacidad de los prestamistas de cobrar tasas que reflejen adecuadamente el riesgo, lo que ha llevado a la exclusión financiera de muchas personas.


Francisco Gamboa, ministro de Economía, Industria y Comercio, compartió la visión del presidente y señaló que la ley ha impactado negativamente en la inclusión financiera. Gina Carvajal, gerente del Banco Popular, también expresó preocupaciones similares, sugiriendo que la legislación necesita ser revisada para permitir tasas que reflejen adecuadamente el riesgo asociado con ciertos tipos de clientes.


La Ley de Usura fue promulgada en 2020 y fija topes máximos para las tasas de interés que las instituciones financieras pueden cobrar, determinados por el Banco Central de Costa Rica. Para 2024, los topes son del 38.55% para préstamos en colones y del 30.53% para préstamos en dólares. Los microcréditos, definidos como aquellos menores a ¢693.300, tienen tasas máximas del 54.37% en colones y del 43.23% en dólares.


Aunque el presidente Chaves y otros funcionarios han expresado su preocupación por los efectos de la ley, no han indicado claramente si el Poder Ejecutivo presentará una iniciativa para derogarla o reformarla. Por ahora, el enfoque se centra en desarrollar políticas públicas con la normativa vigente para mitigar la exclusión financiera generada.

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