Nuevo impuesto en EE. UU. afectará remesas a Costa Rica y podría frenar comercio regional

A partir de 2026, Estados Unidos impondrá un impuesto del 1% a las remesas en efectivo enviadas hacia América Latina. Aunque las transferencias electrónicas estarán exentas, la medida afectará directamente a migrantes que dependen del envío tradicional de dinero a sus familias, especialmente a quienes viven en condición irregular y no tienen acceso a servicios financieros formales.

En el caso de Costa Rica, aunque el impacto directo se estima moderado debido al volumen total de remesas recibidas —$575 millones en 2022, un 68% provenientes de EE. UU.—, se anticipan efectos localizados importantes en regiones como Pérez Zeledón, Los Santos y la Zona Sur, donde muchas familias dependen de este dinero para sobrevivir.

Expertos como Leiner Vargas, del CINPE, alertan que las familias que dependen de empresas remesadoras tradicionales tendrán que asumir este nuevo costo o recibir menos dinero. Esto afectará sobre todo a migrantes informales, excluidos del sistema bancario, que no pueden optar fácilmente por alternativas como tarjetas internacionales, plataformas digitales o criptomonedas.

Además del efecto interno, se prevé un impacto regional con consecuencias indirectas para Costa Rica. Países como Guatemala, El Salvador y Honduras, donde las remesas superan el 20% del PIB, podrían ver una reducción en el consumo si los envíos disminuyen. Eso afectaría negativamente las exportaciones costarricenses hacia Centroamérica, un mercado que representa cerca del 30% de las ventas externas del país.

Luis Vargas, economista, destaca que cualquier caída en el poder adquisitivo de nuestros vecinos centroamericanos impactará el comercio regional. Costa Rica, como parte del Mercado Común Centroamericano, podría enfrentar una disminución en la demanda de alimentos, manufacturas y productos industriales.

Aunque el nuevo impuesto busca aumentar los ingresos fiscales en EE. UU., también podría fomentar la creación de nuevos mecanismos de elusión y el uso de tecnologías alternativas. No obstante, estas opciones solo estarán disponibles para migrantes con un mayor grado de formalidad. Los más vulnerables, en cambio, podrían enfrentar una nueva barrera económica que, incluso, desincentive la migración.